Por Guillermo Mejía
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
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