Por Guillermo Mejía
Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.
A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.
Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.
Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.
La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.
Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.
Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.
Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.
Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.
Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.
Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.
Realmente, “déjà vu” electoral.
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