Por Guillermo Mejía
La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.
Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.
La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.
En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.
Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
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