La seguridad pública en el ojo del huracán

Por Guillermo Mejía

Las denuncias de la revista digital Factum sobre la existencia de un escuadrón en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha cometido tres homicidios, agresiones sexuales y extorsión en nombre de la lucha contra las pandillas, mantiene en el ojo del huracán a las cuestionadas políticas de seguridad pública.

Hay que recordar que entre los errores está que el actual gobierno siguió el fracasado “manodurismo” de las anteriores administraciones, a la vez que consintió la militarización de la seguridad pública y mantuvo en el gabinete al “padre de la tregua pandilleril”, el general David Munguía Payés.

Según las investigaciones periodísticas, el escuadrón, compuesto por cuatro policías y un civil, efectivos integrantes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), cometió los crímenes entre febrero y marzo del presente año, acciones que la dirección de la Policía Nacional Civil descartó que fueran institucionales.

Sin embargo, para nadie es secreto el guión en que el gobierno ha montado su lucha contra las pandillas que, además de profundizar la cantidad de asesinatos, por ejemplo los de policías y de efectivos militares, sobre algunas de las muertes ha quedado la duda de que hayan sido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las preocupaciones en torno a la violación de derechos humanos por parte de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada han levantado alarmas en sectores de la sociedad civil, puesto que precisamente fue uno de los detonantes de la guerra civil y que una de las apuestas por la paz fue la disolución de los antiguos cuerpos represivos.

El periodista salvadoreño Carlos Dada, ex director del periódico digital El Faro, escribió: “¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?”

Y remató: ¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con ellos y el ministro de gobernación ofreció $10 millones de dólares a esos pandilleros a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo?”

Las revelaciones de la revista digital Factum han provocado amenazas en contra de sus periodistas y editores, por parte de presuntos miembros de la PNC, al igual que en otras ocasiones les ha pasado a colegas del periódico digital El Faro. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene al tanto del caso.

El periodista Jorge Beltrán Luna, que sufrió un atentado por escribir sobre temas de seguridad pública, reflexionó: “El problema que muchos no alcanzamos a comprender es que si toleramos y aplaudimos el empleo de métodos ilegales de parte del Estado para combatir un problema que nos afecta, algún día el Estado podría usar esos métodos en contra de nosotros y, entonces, sí buscaremos a un periodista para que nos escuche y denuncie por nosotros, la fechoría de la cual uno de los nuestros haya sido víctima.”