Por Guillermo Mejía
Desde diversos sectores se esperaba que el presidente Salvador Sánchez Cerén mostrara dotes de estadista, para vetar los recientes decretos aprobados por la Asamblea Legislativa referente a las reformas a las pensiones y la controversial ley de extinción de dominio, en especial en esta última por el riesgo de que promueven mayor impunidad.
Sin embargo, el mandatario salvadoreño afirmó durante su acostumbrado encuentro sabatino que sus abogados ya revisaron ambas decretos y no encuentran violaciones a la Constitución de la República, con lo que asumió una conducta legalista –si es demostrable-, muy distante de una postura ético-moral a favor de sus gobernados.
Subir el techo de 45 al 50 por ciento de los fondos de los cotizantes que puede tomar prestados el gobierno, a bajo interés y en detrimento de los ahorrantes, para pagar a los que ya gozan de su pensión es lesivo y resulta una salida olímpica a un problema que todos sabemos que, es cierto fue creado en gobiernos areneros, merece una respuesta que tiene que ver con una reforma fiscal integral.
Asimismo, las reformas a la ley de extinción de dominio, aprobadas por los diputados de los partidos Fmln, Gana, dos del PCN y una de Arena, realmente desde antes fueron promovidas especialmente por Arena, Fmln, Gana y PCN, coincidentemente instituciones políticas donde algunos de sus ex funcionarios o en ejercicio están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
“Nuestro equipo técnico ha analizado las reformas y no encontramos inconstitucionalidad; por lo tanto, las voy a sancionar. No existen vicios de inconstitucionalidad”, afirmó tácitamente Sánchez Cerén dando la espalda a una opinión dominante sobre la necesidad del veto presidencial a unas reformas que quitan los dientes a la ley que busca perseguir a los corruptos.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en una reciente postura editorial estimó que “el innegable sesgo antiético de esta actuación de los diputados vuelve obligatorio el veto del Presidente de la República. Y se verá si aún quedan defensores públicos de la decencia y de la igual ante la ley.”
La UCA sentenció que “gracias a la reforma, el trato a los políticos que le roben al Estado será diferente al que se le da a pandilleros, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Por ejemplo, para los pandilleros, la prescripción de la extinción de domino es de 30 años después de adquirido el bien, mientras que en el caso de los bienes obtenidos por delitos de cuello blanco será de solo 10”.
Como nos ilustra el profesor español Javier del Rey Morató, especialista en comunicación política, la democracia es un sistema en el que hay una tensión entre los hechos y los valores, tensión en la que no es infrecuente que triunfen los hechos, con sacrificio para los valores: “Ese sacrificio admite la posibilidad de juzgar la marcha de la democracia, en la medida en que se aleja y traiciona esos valores, o en la medida en que se acerca a ellos, desde la imperfección que se le supone a toda organización social de la convivencia”.
Por lo que se aprecia, pues, los demandantes de una postura de Sánchez Cerén más consecuente con principios que ha enarbolado su partido de izquierda se ven obligados a esperar otra oportunidad a ver si el presidente salvadoreño realmente muestra cualidades de un estadista, que es lo que necesitan los pueblos sufridos como el nuestro, más que un mandatario que resulta ser más de lo mismo.
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