Por Guillermo Mejía
Los dirigentes de los partidos políticos se muestran conformes con el remedo de consulta de sus bases militantes para la elección de candidatos a alcaldes y diputados de cara a las elecciones de 2018. Si esas bases partidarias, en particular, y la sociedad en general, fueran verdaderamente exigentes tendríamos procesos electorales democráticos y transparentes.
Las candidaturas –de dedo- se componen de quienes gozan del visto bueno de las cúpulas partidarias, se llega al descaro de llevar a personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde Salvador Ruano, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En ese marco, la ciudadanía solamente sirve de pretexto más que de sujeto activo de un proceso que le corresponde por derecho en cuanto vive en una sociedad que se perfila como democrática y en constante cambio, luego de haber pasado doce años de conflicto armado y que mutó a una guerra social con su estela de muerte y desplazamiento.
Resulta común, pues, que las cúpulas partidarias preparan con antelación sus listas de escogidos, algunos de los cuales llevan años incrustados en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías municipales, se las pasan a sus bases militantes y de esa forma justifican los requerimientos de ley conforme a lo que establece el Tribunal Supremo Electoral.
Contrario sería que la población salvadoreña ciudadanizara los procesos electorales, tal como se estima en las democracias modernas a fin de hacer partícipe de dichos procesos a las bases militantes y ciudadanía en general. Se correspondería con aquello de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
Para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe activamente en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implicaría que los partidos políticos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña; es decir, trascender de las cancioncitas o las camisetas al debate ciudadano.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
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