Honduras: Un año después del golpe de Estado

Por Guillermo Mejía

A un año de la expulsión del presidente Manuel “Mel” Zelaya el modelo profundizó su crisis política, social y económica. Las violaciones de los derechos humanos han significado la muerte de miembros de la resistencia hondureña contra el golpe, así como de colegas periodistas, mientras el gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo pide cuartillo de aceite y lo mandan a la otra esquina.

No se avizora que el gobierno heredero del rompimiento constitucional –y que sustituyó al presidente de facto, Roberto Micheletti- entre en forma en la Comunidad Internacional, ya que aún espera la anuencia de Nicaragua en la región centroamericana, así como de buen número de naciones latinoamericanas en la OEA que demandan, entre otras cosas, el regreso de Zelaya como político.

Las declaraciones de los golpistas y sus seguidores no pasan de eso, porque la situación es irregular desde el 28 de junio de 2009, incluso ha movido a gobiernos y organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a mostrar su preocupación por el irrespeto a la vida y a las libertades ciudadanas en el país centroamericano.

La corrupción y la impunidad reinan a la orden del día. Muchos dirigentes y activistas de la resistencia hondureña contra el golpe de Estado han perdido la vida en claras ejecuciones de cuerpos paramilitares. El narcotráfico y el crimen organizado van ganando cancha cada vez más con la gravedad que han sido asesinados nueve colegas periodistas en los últimos meses.

Los poderes tradicionales del Estado son muestra de ineficacia e ilegitimidad, por cuanto representan a la anti democracia. Los magistrados que persiguieron a los golpistas por violaciones a la ley fueron destituidos de sus cargos sin derecho de respuesta, a la par de una campaña mediática que desinforma e infunde temor en la ciudadanía.

El Salvador en el caso hondureño

El gobierno de Mauricio Funes se convirtió de la noche a la mañana en el gestor diplomático del gobierno de Porfirio “Pepe” Lobo. Si bien al comienzo condenó el golpe de Estado y se unió a otros países de la región en el cierre temporal de fronteras, luego dio un giro con el ascenso de Lobo a quien reconoce como comprometido con la democracia.

Son claros los motivos políticos y económicos que provocaron tal actitud, en especial las presiones de sectores políticos y empresariales de la derecha salvadoreña que mantienen alianzas con los golpistas hondureños -también políticos y empresarios conservadores. La izquierda y sectores del movimiento social son los únicos que aún condenan el golpe y piden el regreso de Zelaya en el país.

El desafío más evidente fue la llegada pomposa del ex gobernante de facto, Roberto Micheletti, a San Salvador por invitación de la antigua y derechista Cruzada Pro Paz y Trabajo, para que una semana antes del primer aniversario de la asonada militar expusiera sus razones y voluntades del golpe (aunque no lo llaman como tal) ante los salvadoreños.

Pero no conforme con eso, el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, lo reconoció como visitante distinguido y baluarte de la democracia hondureña, a la vez que figuras públicas del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) advirtieron que en El Salvador están atentos al desarrollo de la situación política y que no descartan “defender a la patria” ante cualquier amenaza.

Sinnúmeros de expresiones se han cruzado en la sociedad salvadoreña ante la visita de Micheletti, que tuvo un excelente recibimiento en los medios de comunicación tradicionales con sendas entrevistas en papel y en audiovisuales. El presidente Mauricio Funes repudió la visita y la condecoración, aunque muchos no le perdonan su actuación de doble cara en los asuntos de Honduras.

La dignificación laboral en “tiempos del cambio”

Por Guillermo Mejía

El presidente Mauricio Funes se comprometió a respetar el Estado social de derecho cuando anduvo en busca de votos. La gente que confió en su promesa asumió con entusiasmo que, una vez en el cargo, el mandatario respetaría la ley. Ahora, en los empleados públicos, existe malestar ante el incumplimiento de leyes de escalafón que están aprobadas.

Los reclamos se escuchan, por ejemplo, en el ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura y la Universidad de El Salvador. Para muchos trabajadores, si se habla de cambio debe haber coherencia, por eso no hay lugar para falacias como las del ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, quien dijo que los aumentos de salario no pueden sacrificar los uniformes y zapatos de los niños.

Las leyes de escalafón no son simples aumentos periódicos de salarios, sino que leyes de la República que tienen que ser cumplidas por las respectivas patronales. El gobierno, que dice comprometido con el respeto del Estado social de derecho, tiene la obligación moral y jurídica de corresponder con esos derechos conquistados.

Hay que recordar que ese recurso demagógico de Sánchez Cerén fue utilizado en los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en menoscabo de los trabajadores que vienen soportando la impaciente espera del cambio. El Estado social de derecho implica el imperio de la ley y la extensión de los beneficios de la actividad económica a la sociedad entera.

Claro que hay que reconocer los efectos de la crisis económica internacional en lo local, elevados al ser nuestra economía dependiente con tratados comerciales injustos, relaciones obrero-patronales oprobiosas y una moral detestable en cuanto los poderosos se embolsan el máximo nivel de ganancia frente a condiciones socio-económicas cada vez más críticas de los que trabajan.

Con el agravante que quienes tienen más no tributan como deberían, mientras a los empleados les sacan la tajada de sus salarios. Una sociedad solidaria implica que los que detentan el poder económico asuman también los costos de la crisis y, en ese caso, una forma de soportar esos costos serían los respectivos aumentos salariales.

Pero, al contrario, en El Salvador está permeando cada vez más la flexibilidad laboral con todo lo que significa en la profundización de relaciones de trabajo injustas, el aprovechamiento de la fuerza laboral de la gente y su condena a quedar paralizada por la pérdida de sus empleos. La empresa privada, acostumbrada a no pagar a cabalidad sus impuestos, insiste en ese tipo de medidas impopulares.

Si por el lado del “gobierno del cambio” se irrespetan los derechos de los empleados públicos y por el de la empresa privada se pretende implementar ese tipo de medidas impopulares, pues es tiempo que despierte el movimiento social y se haga sentir con fuerza. El Estado social de derecho también legitima la lucha de los trabajadores.

Lo irónico sería que más allá del marketing político con la venta de la idea del “cambio” realmente se esconda en la estructura social una muestra de la filosofía gatopardista que hay que cambiar todo, para que no cambie nada. Y que la balanza siempre se cargue a favor del poder y en contra de nuestra gente.

La piedra en el zapato de Mauricio Funes

Por Guillermo Mejía

La inseguridad y la crisis económica fueron, son y serán los problemas que ensombrecerán la gestión de Mauricio Funes. Obvio, todo depende de cómo le haga frente a esos flagelos que, si bien heredados, en el transcurso de su segundo año no soportarán que sean explicados a través de medias verdades o a partir de frases demagógicas.

Por lo que dijo en su comparecencia ante el pleno legislativo y de cara a la nación resulta poco convincente que su gabinete de seguridad haya tenido mayores éxitos. Cuando se ejerce el poder (aunque formal) o se presentan situaciones concretas o se asumen los costos, no hay otra salida. El gobierno tiene una deuda pendiente que le debe preocupar.

¿Qué hacer frente a los que se lucran de la inseguridad?, ¿no será que con las 13 muertes diarias y demás fechorías le están diciendo a Funes y su gobierno que ellos tienen más cojones?, ¿hasta dónde el narcotráfico y el crimen organizado tienen permeado al Estado y sus instituciones que lo vuelven inoperante? Son muchas las interrogantes.

Y, al hablar de la crisis económica, si bien lo de los zapatos, uniformes y útiles ha sido una medida que ha ayudado a los pobres, no es cierto que se convierta en un avance trascendental frente al problema de la injusticia estructural. La asistencia monetaria, aunque modesta, a los ancianos es otro ejemplo que no está mal, pero no nos asegura mayor cosa hacia el futuro.

Sobre el tema hay mucha tela que cortar, pero vale la pena que sobresalga en el análisis el hecho que quienes solidariamente deberían asumir parte de los costos, como son los empresarios privados, tan solo se dedican a demandar del gobierno el “rumbo” que a ellos les conviene, pero sin sacrificar una pizca de sus ganancias.

Ahí debería funcionar una mejor y justa distribución carga tributaria. Los que tienen y ganan más que aporten más. Solo queda el recuerdo de lo que les dijo en su momento aquel embajador estadounidense a esos empresarios que se niegan a pagar los impuestos: gorrones. Claro que al gringo le dieron la razón, pero siguieron estafando al Estado.

Cuándo el gobierno de Funes les va a socar la pita. No sabemos, lo más seguro es que sigan igual. De ahí que –y tomando en cuenta cómo lo han tratado en el primer aniversario- los llamados del presidente a la unidad nacional se conviertan en frases huecas. El conservadurismo local tiene mucho espacio ganado en el imaginario colectivo con el drama de que Funes y el partido oficial no se entienden.

¿Y la izquierda dónde está? Por lo que se ve, la izquierda oficial representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) anda preocupada por quiénes irán de candidatos en las próximas elecciones. El trabajo territorial es nulo, la desvinculación del partido con la gente es más que evidente. Los trucajes políticos de esa izquierda con la misma derecha es otro trago amargo.

En este segundo año de gestión, pues, el gobierno tiene que tomarse bien en serio la inseguridad inaguantable y la crisis económica también insoportable. Ahí está el futuro de lo que significa en el imaginario colectivo el primer gobierno de izquierda en El Salvador y el gobierno del cambio, frases propagandísticas que fueron bien vendidas en la campaña electoral.

Y, ojo, si quiere alejarse de las prácticas de la derecha, debe corresponder con el anhelo de muchos salvadoreños por el combate a la corrupción –pasada y presente-, someter la información de interés público al conocimiento de la ciudadanía, remendar lo de la partida secreta que como está resulta inmoral y coadyuvar desde el Estado a la democratización de la comunicación.

Se necesita también de un esfuerzo intelectual serio y constante ante el desarrollo de los acontecimientos, pero con menos pasión. El sistema mediático debería ponerse la mano en la conciencia ante la cantidad de absurdos que se publican como posturas serias, en especial en artículos de opinión. Claro que puede que estemos pidiendo peras al olmo, pero es nuestro deber demandarlo.