Wednesday, May 16, 2018

El despido de periodistas

Por Guillermo Mejía

Una serie de despidos de trabajadores de medios de comunicación social ha alertado a organizaciones de profesionales que incluso denuncian que, luego de consumarse los hechos, no se entregan las indemnizaciones conforme a la ley, además que se conoce de empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y afps.

Las denuncian provienen de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como del Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, quienes registran al menos 170 despidos entre el 15 de abril y el cuatro de mayo pasados, situación que, aunque no es nueva, preocupa.

Entre los casos denunciados se encuentran despidos en Telecorporación Salvadoreña (TCS), el canal Gentevé del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y el periódico La Prensa Gráfica donde se argumenta que obedece a problemas económicos y procesos de reestructuración empresarial.

“Para nosotras, estos nuevos despidos son de mucha preocupación pues es un claro indicador de la situación de inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos como gremio y las condiciones de vulnerabilidad que vivimos”, señaló el Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.

“Consideremos necesario enfatizar en que las mujeres periodistas y comunicadoras, además de esto, también estamos expuestas a otras vulneraciones a nuestros derechos”, agregó la organización.

Según las denuncias, se llega al colmo de que no se entregan las indemnizaciones a los despedidos como reza la ley, sino que tienen que acudir al ministerio de Trabajo e incluso a los tribunales correspondientes, generando todo tipo de costos, además de que existen empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y de las afps.

“Desde este colectivo preocupa que cada vez es más evidente la precariedad en la que están laborando el gremio periodístico y afines a la comunicación. No hay estabilidad, no se respetan horarios ni prestaciones, pero sí se les exige indiscriminadamente”, afirmó el colectivo de mujeres que demanda la intervención de las autoridades respectivas.

Ante situaciones como las denunciadas, desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está la APES, se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.

En esa misma dirección, considero que en el espacio mediático son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.

Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.

Wednesday, May 09, 2018

Otra de Donald Trump contra Centroamérica

Por Guillermo Mejía

La verdad es que no se esperaba lo contrario con los hondureños receptores del Estatus de Protección Temporal (TPS) frente a la supremacía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló el programa afectando a unos 57 mil hermanos que tienen hasta enero de 2020 para regularizar su situación o abandonar la nación del norte.

Las últimas víctimas del zarpazo republicano fueron los 200 mil salvadoreños que tienen hasta septiembre de 2019, para solucionar su estadía o salir de Estados Unidos, luego que también haitianos y nicaragüenses sufrieron la suspensión de sus respectivos programas y han quedado en el limbo.

En cualquiera de los casos, una de las críticas hacia la administración norteamericana ha sido que se han basado en falsos supuestos como el que en estos países la situación ha mejorado sustancialmente, con lo que no hacen falta ya los programas, así como el hecho perverso –hacia Honduras y El Salvador, en particular- que son exportadores de “mareros” hacia el norte.

De todos es conocido que las reconocidas “maras” delincuenciales, ahora coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente nacieron en las calles estadounidenses.

Frente a una organizada caravana de refugiados centroamericanos que llegó hasta la frontera de Estados Unidos y, por goteo, ha tramitado asilo ante las autoridades respectivas, un frustrado Trump ha denunciado que “tenemos leyes escritas por personas que realmente no pueden amar a nuestro país”.

En sus rabietas, el mandatario estadounidense ha llegado al extremo de calificar las leyes migratorias gringas como “las peores” y dijo que es necesario que la inmigración debe estar basada en el mérito de los solicitantes, pues no pueden ser “escogidos de un cubo de basura” como en el caso de los “mareros” centroamericanos.

Hay que recordar que la animosidad hacia los migrantes hizo que en días pasados el presidente Trump se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que levantó voces en su contra dentro y fuera de Estados Unidos, aunque pesa más su primitivismo.

Según informaciones procedentes del norte, Jess Morales, dirigente de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, la cancelación del TPS a los hondureños es “una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia”.

De hecho, de acuerdo con Morales, la acción de Trump es “una muestra más de la agenda de supremacía blanca” que ataca a los migrantes “para hacer de Estados Unidos una nación blanca”.

Al igual que miles de salvadoreños, los hondureños también han advertido que, pese a la cancelación de los programas de permiso de trabajo, en ningún momento piensan regresar a sus respectivos países dado la violencia imperante y la crisis económica, motivos por los cuales se vieron obligados a emigrar.

Los gobiernos centroamericanos han lamentado las medidas tomadas por la administración norteamericana y, aunque difícil por las condiciones en que se subsiste, dicen tener las puertas abiertas al regreso de los compatriotas. Sin duda, lo mejor es resolver los problemas que nos afectan y por los que mucha gente se ve obligada a dejar su tierra.

Tuesday, May 01, 2018

Una reflexión en el día de los trabajadores

Por Guillermo Mejía

Cuando se celebra el día internacional de los trabajadores la situación nacional es deprimente, ya que persisten las condiciones laborales adversas con una crisis socio-económica que golpea a los hogares y una espiral de violencia que continúa su marcha macabra sin que en ninguna de las circunstancias se vislumbre una salida posible.

El panorama lo complementa la presencia de una fuerza laboral dispersa, unos en sintonía con el gobierno de turno, otros en franca oposición a los programas oficiales establecidos y una tercera parte –quizás la mayoría- en la búsqueda de parches al grave estado de su condición de vida con carestía e inseguridad.

Frente a las muestras de descontento ciudadano en Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos periodistas y comentaristas han puesto sobre el tapete de discusión el hecho de que en El Salvador no se experimenta ese descontento en las calles amén de que es un país remesero, a la vez que la sociedad salvadoreña aún se recobra del conflicto armado de fin de siglo.

Para el caso, el columnista Sigfredo Ramírez, de la Revista Séptimo Sentido, afirmó que, al contrario que en Nicaragua donde los jóvenes han rechazado la negligencia en el combate del incendio de una reserva biológica y la reforma de pensiones, “ninguna de esas dos encrucijadas ha llevado a los salvadoreños a las calles”.

“Tampoco la corrupción que ha puesto en la mira de la Fiscalía a tres expresidentes. Ni la inseguridad ciudadana que afecta prácticamente todos los ámbitos de la cotidianidad. Razones sobran pada salir a las calles a protestar, pero la indignación ya no carbura en El Salvador”, señaló Ramírez.

Y resulta escandaloso. Sólo en el caso de las pensiones, en El Salvador el parche a la crisis del modelo previsional, con aumento de las cotizaciones del trabajador, pero sin que eso se refleje en un mayor ahorro, además de que en cuatro años se espera un aumento en la edad de jubilación, no causó mayor conmoción e incluso el gobierno lo celebró como un triunfo de los trabajadores.

Precisamente, el detonante del descontento de los jóvenes nicas, que luego se generalizó por la represión, fue que el gobierno de Daniel Ortega siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso sin consultar a los trabajadores el aumento del siete por ciento en las cotizaciones de los empleados y la reducción del cinco por ciento en las pensiones.

Pero ya sea en las calles o en las urnas, como sucedió en El Salvador con el voto nulo o la ausencia de los votantes, la Universidad Centroamericana (UCA) ve que existe una efervescencia social en nuestra región en contra de la corrupción e incapacidad de los gobernantes para resolver los graves problemas que aquejan a la población.

“A la base de la corrupción está el ejercicio patrimonialista de la política, es decir, el uso –legal o ilegal- de los recursos públicos para beneficio personal y del grupo inmediato”, advirtió la UCA. “Este tipo de política es el que se ha practicado en los países centroamericanos desde siempre y lo que explica la desconfianza ciudadana en los partidos políticos”, agregó.

Sin embargo, los jesuitas consideran que si bien hay descontento social no existe rumbo definido: “El reto de las sociedades del istmo es impulsar una manera de hacer política que apueste no por caudillos, sino por procesos de inclusión y participación que garanticen que toda acción del Estado beneficie a las mayorías”, sentenciaron.

Wednesday, April 25, 2018

La lucha por un estatuto profesional del periodista

Por Guillermo Mejía

Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.

Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.

Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.

Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.

“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.

En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.

El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.

Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.

Wednesday, April 18, 2018

La participación ciudadana frente a falsos debates

Por Guillermo Mejía

Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.

Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.

La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.

Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.

Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.

La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.

Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.

En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.

“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.

Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.

El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.

Tuesday, April 10, 2018

Políticos que tropiezan con la misma piedra

Por Guillermo Mejía

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.

Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.

De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.

El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.

Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.

Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.

El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.

“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.

Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.

La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.

Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.

Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.

Tuesday, April 03, 2018

La violencia obscena de cada día

Por Guillermo Mejía

El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.

“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.

Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.

“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.

De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.

La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.

La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.

“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.

Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.

“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.

Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.